Uff!, creo que la situación merece un primer post, y es que nuestro gobierno de "izquierdas" acaba de decretar el Estado de Alarma ante un conflicto meramente laboral como es el de los controladores aéreos.
El gobierno ante una situación de conflictividad laboral no ha dudado ni un instante en declarar, según ellos sobre la base de la legalidad que les otorga el artículo 116.2. de nuestra Carta Magna, el Estado de Alarma.
Desde estas líneas suscribo que la medida tomada, además de desproporcionada totalmente, es ilegal, es decir que el artículo 4.c) de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio dice que dicho estado de alarma se declarará cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad: ... Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad y concurra alguna de las circunstancias o situaciones anteriores. Esta coletilla, obviada por nuestro gobierno, manifiesta que además de la paralización de los servicios públicos debe concurrir:
- Grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.
- Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
- Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.
A partir de aquí cada uno que decida qué le falta a la ecuación.
Lo que no muchos saben es lo que comporta el Estado de Alarma de 15 días decretado para toda la ciudadanía, indiquémoslo pues. El estado de Alarma implica la suspensión de los siguientes derechos:
- Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.
- Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.
- Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fabricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.
- Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.
- Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción afectados por el apartado D del artículo cuarto (centros de producción de productos de primera necesidad).
Llegados a este punto, y dada mi edad, recuerdo, a vote pronto, como 20 situaciones de extrema gravedad (la mayoría de ellas en catástrofes naturales, y algunas incluso políticas como el intento de golpe de estado de 23-F, atentado del 11-M, etc.) en las que en ninguna de ellas se decretó la gravísima medida ahora impuesta.
Esta afirmación anterior me da que pensar y me hago preguntas: ¿qué intereses se han vulnerado?, y sobre todo ¿a cuántas personas a afectado este agravio de los controladores aeroportuarios?. Con respecto a la primera pregunta, la respuesta es clara, se ha perjudicado a los intereses de los agentes turísticos, cadenas hoteleras y empresarios. Con respecto a la segunda cuestión, a sólo un 1% de la población, y en su mayor parte el viaje era por motivos de placer.
En conclusión, en el estado español se ha abierto una puerta, un camino o una senda muy peligrosa en contra de la clase trabajadora, y el mensaje por parte del capital, por voz de sus portavoces legítimos (gobierno y medios de comunicación), ha sido contundente, no se van a permitir desmanes de ningún tipo, y en ningún sector. Tengamos en cuenta la que se nos viene encima (reforma laboral, reforma del sistema de pensiones, reforma fiscal, congelaciones salariales, reducción a funcionarios y cuasi-funcionarios del 5% de su salario, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, movilidad geográfica, etc...).
Lo más grave, e indignante, que los trabajadores no nos demos cuenta de lo que se nos avecina, e incluso que nos alegremos de que hayan "acojonado" a los "chantajistas".
